Santamaría dice que el pacto contra la corrupción busca impulsar medidas para ser "más ágiles y efectivos" ante conductas irregulares
MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha descartado este viernes que la Casa del Rey se vaya a someter a la futura Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno que está tramitándose en el Congreso de los Diputados, pero ha dejado la puerta abierta a que sí que lo puedan hacer los partidos políticos siempre que haya un acuerdo previo entre ellos.
Precisamente esta misma semana el presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, y el miembro del Comité Ejecutivo de esta misma ONG, Antonio Garrigues Walker, dos de los primeros expertos invitados al Congreso para ilustrar a los diputados encargados de tramitar la Ley de Transparencia, abogaron por que la Casa del Rey, los partidos políticos y los sindicatos estén sometidos a esa norma.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha explicado que el Gobierno ha elaborado una Ley de Transparencia "de las administraciones públicas", que es lo que le "corresponde". Tras recordar que el año pasado los grupos parlamentarios alcanzaron un acuerdo en relación con la Ley de Financiación de Partidos, que obligaba a los partidos políticos a publicar sus cuentas en la web, ha abierto la puerta a incluirlos en la Ley de Transparencia si así lo acuerdan previamente.
"Los grupos hicieron una modificación importante en materia de partidos hace pocas fechas en la que hubo un acuerdo y se avanzó en ese terreno de la transparencia. Si hay acuerdo entre partidos, desde luego, bienvenido sea para ampliar esos elementos, sin ningún tipo de problemas", ha manifestado.
En el caso de a Corona, la portavoz del Ejecutivo ha recordado que hay un convenio internacional que establece "la no obligatoriedad de las casas reales" de estar sujetas a las leyes de transparencia. "No lo están algunas de las casas reales más importantes de la Unión Europea", ha agregado.
PACTO CONTRA LA CORRUPCIÓN
La vicepresidenta, que ha contactado esta semana con todos los grupos parlamentarios para buscar un pacto por la transparencia y contra la corrupción, ha explicado que ha encontrado "receptividad" en los distintos portavoces. Según ha precisado, en esas conversaciones ha puesto el acento en la Ley de Transparencia, ya que, a su entender, esa norma recoge "comportamientos concretos a quienes accedan a cargos administrativos" y "debe ser un antídoto contra la corrupción".
Sáenz de Santamaría ha trasladado a los grupos parlamentarios la disposición del Gobierno a "consensuar" esa norma y atender las enmiendas y sugerencias que puedan mejorar la transparencia, puesto que, en su opinión, sobre esa ley se puede "construir" la primera parte del pacto contra la corrupción.
Dicho esto, ha recordado que hace unos meses encargó al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) la elaboración de un informe con medidas de regeneración democrática y ha subrayado que ha solicitado a este órgano que anticipe las relacionadas con la corrupción para trasladarlas a los partidos y buscar un acuerdo "entre todos".
"Es momento de trabajar para fortalecer nuestras instituciones", ha exclamado, para añadir que, si bien las instituciones funcionan en España, si se les puede dar "mejores mecanismos y más herramientas, con una respuesta más contundente y más clara, estamos dispuestos a trabajar", ha enfatizado.
Eso sí, Sáenz de Santamaría ha elogiado la labor que realiza la mayoría de la clase política que, según ha dicho, "trabaja bien". "Aquí no pueden pagar justos por pecadores", ha resaltado. En su opinión, para luchar contra el descrédito de la política es necesaria la "ejemplaridad" en los "comportamientos individuales" y "conectar" con los "problemas" de los ciudadanos.
Tras asegurar que el pacto por la corrupción es "necesario", la portavoz del Gobierno ha abogado por "erradicar del sistema" a aquellos políticos que no mantienen un comportamiento ejemplar y, por lo tanto, "generan un gran perjuicio para todos". "Yo creo que siempre hay que estar revisando las leyes para ver si se puede ser más eficaces. Y creo que es importante que en esta tarea el Gobierno y los grupos políticos vayan de la mano", ha apostillado.
¿MÁS CÁRCEL PARA LOS CORRUPTOS?
Al ser preguntada si en este pacto el Gobierno trabaja ya en reformas legales concretas y si estaría dispuesto a incrementar las penas de cárcel para los corruptos, Sáenz de Santamaría no ha entrado en detalles y se ha limitado a decir que, si bien España "está en los parámetros" de otros países del entorno a la hora de cumplir las leyes, el Ejecutivo es partidario de impulsar medidas que "refuercen" el ordenamiento jurídico en esta materia.
"Las responsabilidades, indudablemente hay que depurarlas hasta sus últimas consecuencias en la aplicación rigurosa y estricta de la ley a quien comete ese tipo de conductas. Y si tenemos que fortalecer la ley y ser mucho más rigurosos, mucho más ágiles y efectivos, desde luego este Gobierno lo va a impulsar y en eso es en lo que estamos trabajando", ha asegurado.
Preguntada después si el Ejecutivo teme que los numerosos casos de corrupción que afectan en este momento a cargos públicos puedan deshacer el camino andado en materia económica, la ministra ha admitido que "indudablemente" esos casos de corrupción "afectan a la visión de un país" pero ha insistido en que España es un país "serio" y una "democracia fuerte" en el que las instituciones "funcionan".
MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha descartado este viernes que la Casa del Rey se vaya a someter a la futura Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno que está tramitándose en el Congreso de los Diputados, pero ha dejado la puerta abierta a que sí que lo puedan hacer los partidos políticos siempre que haya un acuerdo previo entre ellos.
Precisamente esta misma semana el presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, y el miembro del Comité Ejecutivo de esta misma ONG, Antonio Garrigues Walker, dos de los primeros expertos invitados al Congreso para ilustrar a los diputados encargados de tramitar la Ley de Transparencia, abogaron por que la Casa del Rey, los partidos políticos y los sindicatos estén sometidos a esa norma.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha explicado que el Gobierno ha elaborado una Ley de Transparencia "de las administraciones públicas", que es lo que le "corresponde". Tras recordar que el año pasado los grupos parlamentarios alcanzaron un acuerdo en relación con la Ley de Financiación de Partidos, que obligaba a los partidos políticos a publicar sus cuentas en la web, ha abierto la puerta a incluirlos en la Ley de Transparencia si así lo acuerdan previamente.
"Los grupos hicieron una modificación importante en materia de partidos hace pocas fechas en la que hubo un acuerdo y se avanzó en ese terreno de la transparencia. Si hay acuerdo entre partidos, desde luego, bienvenido sea para ampliar esos elementos, sin ningún tipo de problemas", ha manifestado.
En el caso de a Corona, la portavoz del Ejecutivo ha recordado que hay un convenio internacional que establece "la no obligatoriedad de las casas reales" de estar sujetas a las leyes de transparencia. "No lo están algunas de las casas reales más importantes de la Unión Europea", ha agregado.
PACTO CONTRA LA CORRUPCIÓN
La vicepresidenta, que ha contactado esta semana con todos los grupos parlamentarios para buscar un pacto por la transparencia y contra la corrupción, ha explicado que ha encontrado "receptividad" en los distintos portavoces. Según ha precisado, en esas conversaciones ha puesto el acento en la Ley de Transparencia, ya que, a su entender, esa norma recoge "comportamientos concretos a quienes accedan a cargos administrativos" y "debe ser un antídoto contra la corrupción".
Sáenz de Santamaría ha trasladado a los grupos parlamentarios la disposición del Gobierno a "consensuar" esa norma y atender las enmiendas y sugerencias que puedan mejorar la transparencia, puesto que, en su opinión, sobre esa ley se puede "construir" la primera parte del pacto contra la corrupción.
Dicho esto, ha recordado que hace unos meses encargó al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) la elaboración de un informe con medidas de regeneración democrática y ha subrayado que ha solicitado a este órgano que anticipe las relacionadas con la corrupción para trasladarlas a los partidos y buscar un acuerdo "entre todos".
"Es momento de trabajar para fortalecer nuestras instituciones", ha exclamado, para añadir que, si bien las instituciones funcionan en España, si se les puede dar "mejores mecanismos y más herramientas, con una respuesta más contundente y más clara, estamos dispuestos a trabajar", ha enfatizado.
Eso sí, Sáenz de Santamaría ha elogiado la labor que realiza la mayoría de la clase política que, según ha dicho, "trabaja bien". "Aquí no pueden pagar justos por pecadores", ha resaltado. En su opinión, para luchar contra el descrédito de la política es necesaria la "ejemplaridad" en los "comportamientos individuales" y "conectar" con los "problemas" de los ciudadanos.
Tras asegurar que el pacto por la corrupción es "necesario", la portavoz del Gobierno ha abogado por "erradicar del sistema" a aquellos políticos que no mantienen un comportamiento ejemplar y, por lo tanto, "generan un gran perjuicio para todos". "Yo creo que siempre hay que estar revisando las leyes para ver si se puede ser más eficaces. Y creo que es importante que en esta tarea el Gobierno y los grupos políticos vayan de la mano", ha apostillado.
¿MÁS CÁRCEL PARA LOS CORRUPTOS?
Al ser preguntada si en este pacto el Gobierno trabaja ya en reformas legales concretas y si estaría dispuesto a incrementar las penas de cárcel para los corruptos, Sáenz de Santamaría no ha entrado en detalles y se ha limitado a decir que, si bien España "está en los parámetros" de otros países del entorno a la hora de cumplir las leyes, el Ejecutivo es partidario de impulsar medidas que "refuercen" el ordenamiento jurídico en esta materia.
"Las responsabilidades, indudablemente hay que depurarlas hasta sus últimas consecuencias en la aplicación rigurosa y estricta de la ley a quien comete ese tipo de conductas. Y si tenemos que fortalecer la ley y ser mucho más rigurosos, mucho más ágiles y efectivos, desde luego este Gobierno lo va a impulsar y en eso es en lo que estamos trabajando", ha asegurado.
Preguntada después si el Ejecutivo teme que los numerosos casos de corrupción que afectan en este momento a cargos públicos puedan deshacer el camino andado en materia económica, la ministra ha admitido que "indudablemente" esos casos de corrupción "afectan a la visión de un país" pero ha insistido en que España es un país "serio" y una "democracia fuerte" en el que las instituciones "funcionan".
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